¿Qué es la Alternativa Bolivariana para América Latina y El Caribe?
El ALBA se fundamenta en la creación de mecanismos para crear ventajas
cooperativas entre las naciones que permitan compensar las asimetrías
existentes entre los países del hemisferio. Se basa en la cooperación de fondos
compensatorios para corregir las disparidades que colocan en desventaja a los
países débiles frente a las primeras potencias. Por esta razón la propuesta del
ALBA le otorga prioridad a la integración latinoamericana y a la negociación en
bloques sub-regionales, abriendo nuevo espacios de consulta para profundizar el
conocimiento de nuestras posiciones e identificar espacios de interés común que
permitan constituir alianzas estratégicas y presentar posiciones comunes en el
proceso de negociación. El desafío es impedir la dispersión en las
negociaciones, evitando que las naciones hermanas se desgajen y sean absorbidas
por la vorágine con que viene presionándose en función de un rápido acuerdo por
el ALCA.
El ALBA es una propuesta para construir consensos para repensar los acuerdos de
integración en función de alcanzar un desarrollo endógeno nacional y regional
que erradique la pobreza, corrija las desigualdades sociales y asegure una
creciente calidad de vida para los pueblos. La propuesta del ALBA se suma al
despertar de la conciencia que se expresa en la emergencia de un nuevo
liderazgo político, económico, social y militar en América Latina y El Caribe.
Hoy más que nunca, hay que relanzar la unidad latinoamericana y caribeña. El
ALBA, como propuesta bolivariana y venezolana, se suma a la lucha de los
movimientos, de las organizaciones y campañas nacionales que se multiplican y
articulan a lo largo y ancho de todo el continente contra el ALCA. Es, en
definitiva, una manifestación de la decisión histórica de las fuerzas
progresistas de Venezuela para demostrar que Otra América es Posible.
¿Cómo queda el desarrollo endógeno en el ALBA?
La noción neoliberal de acceso a los mercados se limita a
poner medidas para reducir el arancel y eliminar las trabas al comercio y a la
inversión. Es libre comercio entendido en estos términos solo beneficia a los
países de mayor grado de industrialización y desarrollo. De hecho, abundan los
estudios científicos en los que se demuestra de manera irrefutable que la
aplicación de las pautas actuales de la globalización y sus expresiones hemisféricas
o regionales ha dado al traste con las aspiraciones de un verdadero desarrollo
endógeno en cualquiera de los países del continente.
Los grandes acuerdos de integración deberían quedar por el
contrario supeditados a los objetivos del desarrollo endógeno. La escasa
diversificación de la oferta regional hoy existente sentencia desde ya que el
ALCA no podrá ser la oportunidad para alcanzar un tipo de desarrollo en que se
armonice el crecimiento económico con una creciente calidad de vida y grado de
bienestar para nuestros pueblos.
Podrán crecer las inversiones y las exportaciones, pero si estas se basan en la industria maquiladora y la explotación masiva de la fuerza de trabajo, sin lugar a dudas que no podrá generar el efecto multiplicador sobre los encadenamientos sectoriales, no habrá un efecto multiplicador en los sectores agrícolas e industrial, ni mucho menos se podrán generar los empleos de calidad que se necesitan para derrotar la pobreza y la exclusión social.
En consecuencia, urge una propuesta alternativa basada en la solidaridad. Se
trata de ayudar a los países más débiles a superar las desventajas que los
separan de los países más poderosos del hemisferio. Y esto no solo depende de
los cambios en las condiciones de competencias imperantes, sino también de la
solidaridad entre los pueblos y sus gobiernos del continente a la hora de
corregir estas asimetrías. Solo así un área de libre comercio podrá ser una
oportunidad para todos (una alianza ganar-ganar).
La agricultura en el ALBA: mucho más que un sector productor de
mercancías
La exigencia de reducción de las políticas proteccionistas y
de los masivos subsidios que otorgan los principales países industrializados no
puede convertirse en una exigencia generalizada de liberalización de comercio
de productos agrícolas. Para muchos países de América Latina y El Caribe la
actividad agrícola fundamental para la supervivencia de la propia nación. Las
condiciones de vida de millones de campesinos e indígenas se verían muy
afectados si ocurre una inundación de bienes agrícolas importados, aún en los
casos en los que no exista el subsidio.
Hay que dejar en claro que la producción agrícola es mucho
más que la producción de una mercancía. Es,
más bien, un modo de vida. Es el fundamento básico para la preservación de
opciones culturales, es una forma de ocupación del territorio, define
modalidades de relación con la naturaleza, tiene que ver directamente con los
temas críticos de la seguridad y la soberanía alimentaria. Por lo
tanto, no puede ser tratado como cualquier otra actividad económica o cualquier
producto.
El Articulo 305 de la Constitución dé la República
Bolivariana de Venezuela indica: “El estado promoverá la agricultura
sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral, y en consecuencia
garantiza la seguridad alimentaría de la población; entendida como la
disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional el
acceso oportuno y permanente a estos por parte de los consumidores.
La seguridad alimentaria deberá alcanzarse desarrollando y
privilegiando la producción agropecuaria interna, entendiéndose como tal la
proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola. LA
producción de alimentos es de interés nacional y fundamental al desarrollo
económico y social de la Nación. A tales fines el Estado dictara las medidas de
orden financiero, comercial, transferencia tecnológica, tenencia de la tierra
infraestructura, capacitación de mano de obra y otras que fueran necesarias
para alcanzar niveles estratégicos de autoabastecimiento.
Además, promoverá las acciones en el marco de la economía
nacional e internacional para compensar las desventajas propias de la actividad
agrícola”. Parte importante de la pobreza y la marginalidad de nuestros pueblos
se concentra en la población que habita las zonas rurales que subsiste con base
en la actividad agrícola o actividades alrededor de la agricultura.
Esa población es finalmente la más castigada con el
des-balance de partida para la negociación de la agricultura y lo seria más si
se excluyen de la negociación los aspectos que más la perjudican.
La seguridad alimentaria de la que gozan los países
desarrollados del hemisferio, que hoy se nos niega a los países en desarrollo
al querer limitar el margen de acción para nuestras políticas, es fruto de
medio siglo de políticas de apoyo sistemático a la agricultura con la cual
consiguen distorsión en los precios en los mercados mundiales. Si aún hoy
cesaran tales apoyos, el campo de juego aún permanecería desnivelado: La infraestructura
y el aparato productivo y tecnológico establecido y operado en buena parte
gracias a los desembolsos de esas políticas todavía nos dejan en desventaja.
Por todas estas razones, la situación sobre las negociaciones sobre la agricultura para el ALCA constituye un objeto más de preocupación de gran trascendencia para Venezuela.
Para el inicio de las negociaciones en 1998, la declaración ministerial de San
José estableció claramente entre los objetivos de las negociaciones para este
sector importante de la producción el de “eliminar los subsidios a las
exportaciones agrícolas que afectan el comercio en el hemisferio”, y el de
“identificar otras prácticas que distorsionen el comercio de productos
agrícolas, incluidas aquellas que tengan un efecto equivalente al de los
subsidios a las exportaciones agrícolas y someterlas a una mayor disciplina”
También se acordó por consenso en la misma oportunidad que
“Las negociaciones se iniciarían simultáneamente en todas las áreas temáticas.
El inicio, la conducción y el resultado de las negociaciones del ALCA se
deberán tratar como partes de un compromiso único (single undertaking) que
incluya los derechos y obligaciones mutuamente acordados”
Sin embargo desde el inicio de la negociación de los textos para el proyecto de
tratado, los EE. UU. Manifestaron su reticencia a negociar en el marco del ALCA
los subsidios a las exportaciones de productos agrícolas y las ayudas internas
que distorsionan el comercio y la producción de productos agrícolas, con
inclusión de las medidas con efectos equivalentes a los subsidios a las
exportaciones.
Se expresa allí la doble moral de las grandes potencias que
exigen a los países en vías de
desarrollo renunciar al uso de las políticas públicas para
promover el desarrollo de sus aparatos productivos mientras que por otro lado
aplican ruinosos subsidios a favor de sus aparatos productivos. La insistencia
en tal posición, a todas luces contraría los principios y objetivos pautados
para emprender la conformación del ALCA, principios y objetivos que compartimos
y nos alentaron a participar en la negociación.
Este tema fue motivo de un gran debate en la última Reunión Ministerial celebrada en Quito, en cuya declaración finalmente todos los países reconocieron “la importancia de la agricultura para las economías de la región, cuyo tratamiento integral y no discriminatorio en las negociaciones del ALCA contribuirá a generar empleo a reducir la pobreza y favorecer la estabilidad social”, por lo cual reafirmaron “el compromiso hemisférico con la eliminación de los subsidios a las exportaciones que afectan el comercio de productos agrícolas en el Hemisferio y el desarrollo de disciplina para ser adoptadas para el tratamiento de todas las otras prácticas que distorsionan el comercio de productos agrícolas, incluyendo aquellas que tienen efectos equivalentes a los subsidios a las exportaciones agrícolas”, señalando en particular “que nuestra respectiva evaluación, por país o grupo de países, de los resultados de las negociaciones de acceso a mercados en agricultura en el ALCA dependerán del progreso que consigamos alcanzar en los otros temas que son parte de la agenda agrícola.”
Este planteamiento fue ratificado de manera práctica por este Comité de
Negociaciones Comerciales en su reunión de Puebla cuando instruyo al Grupo de
Negociación sobre Agricultura “intensificar los debates sobre todos los temas
de su agenda, en particular los referidos a los subsidios a las exportaciones y
a todas las otras prácticas que distorsionan el comercio de productos
agrícolas, incluyendo aquellas que tiene efectos equivalente a los subsidios a
las exportaciones agrícolas, sin excepción alguna y sin prejuzgar los
resultados, al tenor de los mandatos de las declaraciones de Buenos Aires y
Quito”
Del desarrollo de las reuniones efectuadas desde noviembre
del año pasado, puede deducirse claramente la insistencia de la negativa de los
Estados Unidos a comprometerse con la no reintroducción de los subsidiasen las
exportaciones agrícolas, a trabajar en la regulación de las condiciones de los
créditos, garantías de créditos y programas de seguro a las exportaciones
agrícolas y a trabajar para la disminución y disciplinamiento de las ayudas
internas a la agricultura.
Entre tanto, para la negociación sobre la eliminación de los
aranceles agrícolas se han establecido plazos perentorios que han obligado a
muchos países a realizar un esfuerzo importante para cumplirlos.
Lamentablemente los países que han cumplido con puntualidad estas entregas de
oferta para demostrar su voluntad de negociar la agricultura hoy se sienten
burlados ante la negativa de los Estados Unidos de eliminar los subsidios que
otorgan a su agricultura en el marco del ALCA.
La situación indicada muestra un gran des-balance de gran
magnitud en la negociación y una perspectiva de desequilibrio para su final, de
persistir el estancamiento en los centrales aspectos señalados. No es aceptable
un des-balance de tal naturaleza. No es aceptable que la agricultura se
circunscriba exclusivamente a la eliminación de los aranceles por parte de los
países en vías de desarrollo mientras las principales potencias se niegan a
eliminar los subsidios y ayudas internas.
Como se sabe, los EEUU destinan centenares de miles de millones de dólares anualmente para sostener sus exportaciones y la producción de su agricultura, ocasionando fuerte distorsiones en el precio de los productos agrícolas en los mercados mundiales. Aunque se eliminen las barreras arancelarias para las exportaciones latinoamericanas, es imposible competir con esos precios subsidiados. De esa forma se impide o dificulta el acceso efectivo de los países latinoamericanos a los mercados del hemisferio. Los productos subsidiados compiten deslealmente en nuestros propios mercados internos y la ventaja que ya tienen se hace mucho mayor al eliminar nuestros aranceles. Es así como se nos quitan mercados en terceros países para los productos agrícolas que pudiéramos de otra forma exportar.
Nuestros países carecen de la magnitud de los recursos financieros que disponen
los países desarrollados para apoyar la agricultura; lo que tenemos son
instrumentos de política para apalear los efectos perversos de las distorsiones
de los precios internacionales, instrumentos que se nos solicita eliminar con
las negociaciones de acceso a los mercados.
Solamente el enorme contraste en
el tamaño de las economías que integran el continente, nos sitúa en desventaja.
Mientras el tamaño de nuestros mercados significa muy poco para la expansión de
la agricultura de los países desarrollados, solo una pequeña fracción de
aumento o desvió de las exportaciones hacia nuestros países significa una
conmoción de precios y el derrumbe de la posibilidad de sustento para una parte
importante de nuestra población.
Si los países desarrollados no quieren eliminar los
subsidios y las medidas de efectos equivalente y no quieren disminuir
sustancialmente y disciplinar las ayudas por temor a la perdida de sus mercados
en el mundo, fuera del continente y proponen hacerlo solo luego de negociarlo
en el ámbito multilateral, no se nos puede pedir que nosotros les demos ahora
en el hemisferio mayor acceso a nuestros mercados. Para ser equitativos no
queda otro camino que también negociar el acceso a los mercados para los
productos agrícolas en el mismo foro multilateral, y solo luego de que
conozcamos plenamente los verdaderos alcances de lo que las potencias agrícolas
del Orbe hayan acordado sobre la eliminación de sus subsidios y las medidas de
efecto equivalente y sobre la disminución y disciplinamiento de sus ayudas internas,
podremos con responsabilidad determinar hasta que punto podremos otorgar mayor
acceso a nuestros mercados.
¿Derechos de propiedad intelectual o derechos de los pueblos
a medicamentos y alimentos de buena calidad?
La propiedad intelectual es otro de los asuntos en los
cuales se expresa más nítidamente la oposición de intereses entre las grandes
corporaciones internacionales y los países pobres del Sur, especialmente las
poblaciones campesinas y aborígenes.
Apelando a lo que fueron denominados “asuntos relacionados con el comercio”, se
estableció un amplio régimen de protección de la propiedad intelectual en
condiciones muy desventajosas para los países el Sur. A pesar de la resistencia
inicial, los países del Norte lograron imponer un régimen obligatorio y global
de protección de la propiedad intelectual de acuerdo a sus exigencias, a partir
de propuestas formuladas por las transnacionales farmacéuticas.
En las relaciones asimétricas hoy existentes entre los países industrializados
del Norte y el Sur, las ventajas del Norte residen precisamente en las áreas
científico-tecnológicas. El régimen internacional de definición y protección de
la propiedad intelectual esta orientado a acentuar este des-balance. Protege
aquello en lo cual los países más fuertes tienen ventajas, mientras que,
básicamente, deja sin protección aquello en lo cual los países y pueblos del
Sur tienen una indudable ventaja: en la diversidad genética de sus territorios
y en el conocimiento tradicional de los pueblos campesinos y aborígenes.
Antes de estas negociaciones más de 50 países no tenían regimenes legales de
protección de patentes sobre productos farmacéuticos, con lo cual sus mercados
internos podían ser surtidos por medicamentos genéricos a precios muy
inferiores a los ofrecidos por las empresas dueñas de las patentes.
La comparación de los precios de los medicamentos en la India con países en los
cuales existe la protección de patentes farmacéuticas, indica que en éstos los
precios son hasta 41 veces más altos. La industria farmacéutica de la India es
una industria floreciente de más de 20 mil empresas, produce medicamentos de
alta calidad accesibles a millones de personas de bajos niveles de ingresos y
desempeña además un papel importante en la generación de empleo.
Esto ha comenzado a cambiar en La india y en el resto del mundo en forma
acelerada y radical. Los acuerdo sobre propiedad intelectual de la Organización
Mundial de Comercio obligan a todos los países después de un período de gracia
para los países “menos desarrollados” a establecer regímenes de patentes que
garanticen la protección estricta de la propiedad intelectual.
Así pues, los días de los medicamentos
genéricos están contados. Como consecuencia de los derechos monopólicos
otorgados por tales acuerdos, las compañías farmacéuticas pueden eliminar la
competencia y cobrar precios más allá de la posibilidad de pago de millones de
personas.
A partir de diversos estudios se ha calculado que ocurrirían no solo aumentos
significativos de precios como consecuencia de la introducción de patentes,
sino igualmente una notoria reducción del consumo: amplios sectores de la
población quedarían excluidos del acceso a medicamentos comerciales.
El caso de Egipto es ilustrativo: la introducción de patentes en los
medicamentos condujo a aumentos de precios de cinco a seis veces, comparado con
los medicamentos sin patentes. Se tenderá igualmente a la quiebra de medianas y
pequeñas empresas farmacéuticas y al incremento de los niveles de
monopolización de la actividad por las grande trasnacionales.
En la actualidad 80 % de las patentes sobre alimentos modificados genéricamente
están en manos de 13 trasnacionales, y las 5 compañías agroquímicas más grandes
controlan casi todo el mercado global de semillas.
Como consecuencia del establecimiento de patentes sobre diversas formas de
vida, y la apropiación/expropiación del conocimiento campesino/comunitario por
parte de las grandes transnacionales de semillas y agroquímicos, están
cambiando aceleradamente los patrones de producción campesinos en escala
global. Los campesinos se hacen cada vez menos autónomos, cada vez más
dependientes de la compra de costosos insumos de las transnacionales.
La “libertad de comercio” impuestas crecientemente por los intereses de estas
transnacionales a los campesinos de todo el mundo, esta conduciendo hacia una
reducción de la variedad genética de muchos de los principales cultivos
alimenticios.
Esta reducción de la diversidad genética, asociada a una visión ingenieril de
la agricultura, basada en un control extremo de tipo fabril sobre cada fase del
proceso productivo -con semillas manipuladas genéticamente y el uso intensivo
de agroquímicos- reduce drásticamente la capacidad auto-adaptativa y
regenerativa de los sistemas ecológicos.
Producto de este régimen legal global de biopiratería es la inmensa gama de
patentes -basados en la expropiación no reconocida de los conocimientos y/o
recursos de otros que han sido otorgados. Muchas de estas patentes han sido
particularmente escandalosas como la de ingredientes activos del árbol de neem
que han sido ampliamente utilizados para muy diversas aplicaciones en la India
durante centenares de años.
Como ha podido constatarse en el espectro de asuntos críticos para el presente
y futuro de la humanidad que están siendo afectados por los acuerdos de derecho
a la propiedad intelectual, se trata de uno de los ejes más dinámicos de
concentración del poder y acentuación de las desigualdades que caracteriza las
actuales tendencias hegemónicas de la globalización.
¿Cómo
enfrentar la liberalización, desregulación y privatización de los servicios?
En el ALCA se propone un conjunto de normas multilaterales
que, aparentemente, ordenaran el comercio internacional de servicios. Pero lo
que realmente se pretende es la liberalización, desregulación y privatización
progresiva de los servicios esenciales para la sociedad y que suponen una
obligación de los estados y gobiernos con sus ciudadanos.
Este proceso de liberalización abarcaría toda la amplia gama de servicios que podamos imaginar en materia de salud, educación, seguridad social, agua potable, transporte, correo, servicios municipales, medio ambiente, cultura, recursos naturales, etc. De esta forma se restringiría de una vez y para siempre la intervención del Estado a través de medidas gubernamentales que regulen el comercio de servicios: desde los limites a la legislación laboral y la protección del consumidor, incluyendo regulaciones, directrices, subvenciones, calificaciones y pautas para otorgar permisos; hasta los límites gubernamentales sobre el acceso a los mercados, las necesidades económicas o medidas sobre el contenido cultural.
Una vez mas se manifiesta aquí la tesis del libre mercado las cuales postulan
que una mayor apertura de los mercados potenciaría las posibilidades de los
países en desarrollo para mejorar la cantidad y calidad de los servicios que
demandan sus ciudadanos.
La historia reciente de Venezuela y América Latina es la de una violenta ola de
privatizaciones de servicios tales como el transporte aeronáutico, las
telecomunicaciones o la electricidad. Las consecuencias de esta entrega de
servicios al mercado están a la vista de todos: prácticas monopólicas u
oligopólicas y la consiguiente alza en los precios y disminución de su calidad;
destrucción de millares de empleos; y, desmantelamiento y dilapidación de los
recursos públicos en procesos de privatizaciones amañados.
En el ALCA se pretende extremar estos procesos de liberalización y
privatización al incluir también los servicios esenciales que suponen una
obligación del Estado con sus ciudadanos. Estos servicios pasarían a ser
suministrados por empresas privadas y transformarían a todos los ciudadanos en
simples consumidores que, al no disponer de los recursos para pagar por estos
servicios, quedarían excluidos de su consumo y disfrute.
Los principales beneficiarios de liberalizar los servicios en el ALCA serían
las grandes multinacionales que convertirían los servicios públicos de todo el
mundo en mercados privados. Y los
perjudicados serían los de siempre: los sectores más empobrecidos y de máxima
exclusión social. Las grandes empresas de fines lucrativos accederían a los
recursos públicos y lograrían desmantelar las regulaciones existentes. Para los
países en vías de desarrollo esto se traduciría en el desmantelamiento total y
absoluto de los servicios públicos.
La severa crítica a la mala calidad de los servicios públicos ha conseguido eco
enana parte importante de la sociedad. Engañada, esta acepta que los servicios
en manos del Estado mejorarían si se entregaran al mercado. Nadie niega la
necesidad de mejorar la eficacia de los servicios públicos, pero la panacea no
es su liberalización y privatización. La solución esta en derrotar a los
evasores de impuestos que se apropian de los recursos financieros necesarios
para mejorar su calidad y, por su puesto, mejorar su gestión para asegurar el
acceso masivo en condiciones de igualdad. Lo que resulta inadmisible es que se
manipule su situación de deterioro para justificar procesos de privatización
que le facilita a las trasnacionales la apropiación de servicios públicos
esenciales.
Estas nefastas consecuencias se esconden en una práctica según la cual la
liberalización de los servicios desencadenaría una mayor competitividad que
contribuiría a mejorar la eficacia en la prestación de los servicios; un mayor
grado de desarrollo de los mismos y finalmente un ahorro a favor de los
consumidores. Pero después de más de una década de apertura, liberalización y
privatizaciones, esta claro que el objetivo es la generación de más beneficios
para las grandes corporaciones trasnacionales que se han ido apropiando de
estos servicios en una escala global a costa de excluir de servicios públicos a
millares de personas en todo el mundo que no puede pagar lo que se exige para
tener accesos a los mismos.
El Gobierno Bolivariano de Venezuela se opone a estos procesos de
liberalización, desregulación y privatización que limiten la capacidad del
estado y del gobierno para diseñar y ejecutar políticas en defensa del derecho
de nuestros pueblos a tener acceso a servicios esenciales de buena calidad y
buenos precios.
Con el argumento de que los subsidios distorsionan los precios del mercado y
que deben ser los mecanismos del mercado –es decir las leyes de la oferta y la
demanda- los que fijen el nivel de los precios, la propuesta del ALCA plantea
la liberalización y privatización de los servicios públicos.
Cualquiera de los tres casos supondría la eliminación de millones de personas
del disfrute de servicios públicos esenciales para la sobre vivencia humana.
Para el Gobierno Bolivariano de Venezuela, los servicios públicos son para
satisfacer las necesidades de las personas, no para el comercio y el beneficio
económico. Por lo tanto, su prestación no puede estar gobernada por criterios
de rentabilidad sino de interés social.
De hecho, representan uno de los derechos sociales más significativos alcanzado
por los pueblos a lo largo de la historia y son indispensables para corregir
las desigualdades sociales. En consecuencia, la provisión de los servicios
públicos debe regirse por las necesidades sociales del individuo y no por su
capacidad de pago.
La liberalización de los servicios en el ALCA traería consecuencias
catastróficas si se exige la aplicación del “Trato Nacional”. Esto quiere decir
que se deben dar a las trasnacionales las mismas preferencias que se otorgan a
las pequeñas empresas y cooperativas nacionales. No se podrá dictar ninguna
medida que de preferencias a la producción local o que discriminen a empresas
extranjeras. Otro aspecto al que se le debe prestar mucha atención es al de
“Acceso a mercados” ya que aquí se obliga a los países a no poner ningún tipo
de barrera al ingreso al mercado nacional de cualquier proveedor de servicios
del extranjero en los sectores que ha liberalizado. Así pues, los gobiernos no
podrán instrumentar medidas que condicionen el comercio de servicios. Las
transnacionales quieren llevarnos a jugar en su propia cancha para que, en
lugar de reclamar soberanía y justicia en la prestación de los servicios
esenciales para la población, no sumemos a facilitar “acceso a mercados” como
si fuera el clamor de nuestra gente.
Fondos compensatorios para la corrección de asimetrías en el ALBA
Para la construcción del ALBA Venezuela propone la creación
de los Fondos Compensatorios o de Convergencia Estructural con el objetivo de
reducir de manera significativa las asimetrías en los niveles de desarrollo
entre las naciones y entre sectores productivos, asignándole a dicho mecanismo
metas sociales y económicas precisas, plazos bien establecidos y mecanismos de
seguimiento.
Este mecanismo requiere una definición inicial que permita medir las asimetrías
existentes en la región. Venezuela propone el inicio del debate partiendo de la
base que el identificar una definición concreta de “economía mas pequeña”
facilitara la concreción de una o varias estrategias para lograr superar los
obstáculos generados con las asimetrías existentes. Es por ello que se ha
identificado un grupo de variables económicas y sociales que buscan distinguir
de forma no discrecional las economías que requieren ser asistidas para lograr
competir en condiciones favorables para los países en el área de libre
comercio.
De esta forma en la construcción del ALBA, las diferencias en los niveles de
desarrollo y el tamaño de las economías participantes, además de plantearse por
las razones arriba expuestas como un asunto de la mayor prioridad, deberían
incluir:
· La generación de instrumentos a través de los cuales se
busque no solo que los países “en desarrollo” puedan acceder al ALBA, sino que
además principalmente esos países pueden mejorar sus conducciones productivas y
competitivas, atenuándose las disparidades que caracterizan su funcionamiento
económico interno y las grandes distancias que lo separan de las grandes
economías desarrolladas del hemisferio.
· Una definición clara respecto a las economías que serán objeto de trato
especial y diferenciado. Hasta ahora la referencia a “los niveles de desarrollo
y el tamaño” se basa en el concepto de “Economías más pequeñas”, el cual remite
a la dimensión de los participantes, sin que estén definidos los criterios que
se utilizaran al respecto. En el ALBA, dicha dimensión y el acceso o no al
trato especial y diferenciado estaría determinada por variable como población,
superficie, producción global y dotación de recursos. Pero también incluirá
otros indicadores referidos al grado de desarrollo y a limitaciones
estructurales de las economías: Composición de las exportaciones y
vulnerabilidad externa; nivel de desarrollo industrial; ingreso per.-cápita
promedio y variaciones respecto a ese promedio; pobreza y pobreza extrema, etc.
· Una identificación de trato especial y diferenciado no solo hacia la
totalidad de cada una de las economías, sino también hacia el interior de cada
una de ellas, de modo que dicho trato pueda dirigirse a las regiones y sectores
que más lo necesitan. De esa manera los recursos que se canalizan para atender
a las disparidades se vincularían directamente con los sectores intra-nacionales
a los que irían dirigidos, asegurando de esta forma mayores niveles de
eficiencia y transparencia, así como una reducción de las trabas
administrativas asociada al uso de dichos recursos proveniente de los
mencionaos mecanismos.
A diferencia del ALCA donde lo que esta previsto es una
mayor profundización de las diferencias que hoy existen, la propuesta del ALBA
incluye propuestas y mecanismos concretos para superar las grandes disparidades
entre los países y el interior de muchos de ellos. La atención a este problema
ocupa un lugar predominante en la naturaleza de este proyecto alternativo de
integración latinoamericana y caribeña.
PRINCIPIOS
RECTORES DEL ALBA
De la Integración Neoliberal a la Alternativa Bolivariana para América Latina y
el Caribe
“Jamás hubo en América de la independencia a acá, asunto que requiera más
sensatez, ni obligue a más vigilancia, ni pida examen más claro y minucioso,
que el convite que los Estados Unidos potentes, repletos de productos
invendibles, y determinados a extender sus dominios en América, hacen a las
naciones americanas de menos poder...”. José Martí
1. La integración neoliberal prioriza la liberalización del comercio y las
inversiones.
2. La Alternativa Bolivariana para América Latina (ALBA) es una propuesta que
centra su atención en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
3. En la propuesta del ALBA se le otorga una importancia crucial a los derechos
humanos, laborales y de la mujer, a la defensa del ambiente y a la integración
física
4. En el ALBA, la lucha contra las políticas proteccionistas y los ruinosos
subsidios de los países industrializados no puede negar el derecho de los
países pobres de proteger a sus campesinos y productores agrícolas.
5. Para los países pobres donde la actividad agrícola es fundamental, las
condiciones de vida de millones de campesinos e indígenas se verían
irreversiblemente afectados si ocurre una inundación de bienes agrícolas
importados, aún en los casos en los cuales no exista subsidio.
6. La producción agrícola es mucho más que la producción de una mercancía. Es
la base para preservar opciones culturales, es una forma de ocupación del
territorio, define modalidades de relación con la naturaleza, tiene que ver
directamente con la seguridad y autosuficiencia alimentaria. En estos países la
agricultura es, más bien, un modo de vida y no puede ser tratado como cualquier
otra actividad económica.
7. ALBA tiene que atacar los obstáculos a la integración desde su raíz, a
saber:
a. La pobreza de la mayoría de la población;
b. Las profundas desigualdades y asimetrías entre países
c. Intercambio desigual y condiciones inequitativas de las relaciones
internacionales
d. El peso de una deuda impagable
e. La imposición de las políticas de ajuste estructural del FMI y el BM y de
las rígidas reglas de la OMC que socavan las bases de apoyo social y político.
f. Los obstáculos para tener acceso a la información, el conocimiento y la
tecnología que se derivan de los actuales acuerdos de propiedad intelectual; y,
g. Prestar atención a los problemas que afectan la consolidación de una
verdadera democracia, tales como la monopolización de los medios de
comunicación social
8. Enfrentar la llamada Reforma del Estado que solo llevó a brutales procesos
de desregulación, privatización y desmontaje de las capacidades de gestión
pública.
9. Como respuesta a la brutal disolución que éste sufrió durante más de una
década de hegemonía neoliberal, se impone ahora el fortalecimiento del Estado
con base en la participación del ciudadano en los asuntos públicos,
10. Hay que cuestionar la apología al libre comercio per se, como si sólo esto
bastara para garantizar automáticamente el avance hacia mayores niveles de
crecimiento y bienestar colectivo.
11. Sin una clara intervención del Estado dirigida a reducir las disparidades
entre países, la libre competencia entre desiguales no puede conducir sino al
fortalecimiento de los más fuertes en perjuicio de los más débiles.
12. Profundizar la integración latinoamericana requiere una agenda económica
definida por los Estados soberanos, fuera de toda influencia nefasta de los
organismos internacionales.